Macarena Gonzalez, Lucas Gracia, Santiago Bocasso, Verónica Michelli y Mariano Reynoso, del Frente de Resistencia Estudiantil, brindaron detalles de la toma de la sede central de la UNLPam y señalaron que incluye a la sede central de Santa Rosa (Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y Facultad de Ciencias Humanas), la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y la Facultad de Ciencias de la Salud.
En conferencia de prensa, recordaron que la medida fue votada en asamblea el pasado jueves 10 de octubre y cruzaron las declaraciones de Milei, señalando que “el 48% de las y los estudiantes inscriptos este año pertenecen a la clase trabajadora”.
Además, recordaron que las universidades “son las entidades del sector público más controladas y auditadas” y desmintieron al Presidente ya que “el presupuesto universitario no se asigna en función de la cantidad de estudiantes”.
El documento completo leído es el siguiente:
“Como es de público conocimiento, el día sábado el presidente Javier Milei, durante su discurso en el ex CCK, expresó una serie de afirmaciones falsas acerca de la universidad pública.
En primer lugar, queremos desmentir que “los pobres no van a las universidades”. Según datos del INDEC, el 48% de las y los estudiantes inscriptos este año se encuentran por debajo de la línea de pobreza y pertenecemos a la clase trabajadora. A nivel nacional, el 68% tienen madres y padres que no fueron a la universidad, es decir, son la primera generación de sus familias en acceder a la educación superior. En La Pampa, esta cifra asciende al 77%.
Otra mentira es que “no se audita lo que las universidades gastan”. Por el contrario, las universidades son las entidades del sector público más controladas y auditadas. Tienen auditorías internas y externas del Congreso de la Nación y son evaluadas por la gestión propia y externa de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Todos los meses se entrega al Ministerio de Capital Humano su información de personal y presupuesto. Sin embargo, se hizo público que el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, no conformó la comisión de auditoría. Por lo que queda claro que el problema no son las auditorías (que se hacen todo el tiempo) sino la decisión de instalar en el imaginario colectivo una imagen negativa de la universidad pública.
La tercera falacia mencionada por el presidente es que “las universidades inventan estudiantes para cobrar más fondos”. En realidad, el presupuesto universitario no se asigna en función de la cantidad de estudiantes. Se actualiza según el último presupuesto consolidado y tienen en cuenta varios componentes como salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento e inversión para ciencia y tecnología.
También queremos desmentir que “la ley de financiamiento universitario atenta contra el equilibrio fiscal”. Esta ley, vetada el pasado miércoles en el Congreso, representa sólo el 0,14% del PBI. Mientras que, a partir de la medida que tomó el gobierno de disminuir la alícuota del Impuesto a Bienes Personales, el país deja de percibir el 0,30% del PBI. Es decir, que se desfinancia la educación pública al mismo tiempo que se favorece a las 10.000 familias más ricas de Argentina.
Otra mentira es que “los salarios universitarios están por encima de los sueldos de la administración pública”. Sin embargo, las y los trabajadores perdieron más que ningún otro asalariado desde diciembre de 2023. La pérdida de poder adquisitivo de los/as trabajadores/as de la universidad supera el 30%.
Por último, queremos dejar en claro que la educación pública es un derecho adquirido y un derecho humano, por lo que el Estado debe garantizar el acceso al conocimiento para todas y todos. Esta toma no es en contra de las autoridades universitarias, ni mucho menos en contra de nuestras/os compañeras/os, sino que es la medida que encontramos ante la falta de respuestas por parte del gobierno nacional. Se trata, nuevamente, de una toma pacífica y apartidaria, en defensa de la universidad pública, gratuita, laica, inclusiva, federal y de calidad. Por esto, llamamos a asamblea interclaustro con el objetivo de construir consensos y planificar las próximas medidas de lucha y visibilización (clases públicas, grupos de estudio, etc.) en pos de ser escuchadas/os sin restarle importancia a la continuidad de nuestra cursada. Reiteramos la invitación a todas y todos nuestros compañeras y compañeros a que se sumen a la lucha, a debatir y a estudiar. Porque sin educación pública no hay futuro. Por eso la defendemos entre todas/os.
Entonces, nos preguntamos: plata hay, pero ¿para quién?”, cierra el documento firmado por el Frente Resistencia Estudiantil.
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