La Intersindical contra la RTO

Mediante un comunicado de prensa, los gremios que integran la Mesa Intersindical solicitaron que el gobierno provincial se expida sobre el tema y clarifique a la ciudadanía la legalidad o no de la ordenanza 6977/23, sancionada por la gestión de Luciano di Nápoli. El comunicado completo, consigna lo siguiente “Los gremios que integramos la Mesa Intersindical observamos con preocupación el avance, apatía y desinformación, con respecto a la implementación de la RTO, es importante destacar que muchas personas utilizan sus vehículos no solo como transporte sino como herramienta laboral y medio de subsistencia, recalcando también que este tipo de imposición confiscatoria tiene por destinatario a la clase trabajadora y menos pudiente de la sociedad. La imposición de requisitos técnicos que pueden resultar onerosos y difíciles de cumplir para aquellos con menos recursos económicos, genera una carga adicional en estos días que puede llevar a la exclusión social y económica, al imponer obligaciones que no siempre son fáciles de afrontar, y que además pueden resultar en sanciones que agraven aún más la situación de vulnerabilidad de muchas familias. Contradicción a la ley provincial, (de hecho hemos observado en las redes reconocidos profesionales del derecho llamar a la impugnación de la infracción), la no resuelta o extraña habilitación del taller monopólico responsable la revisión, tampoco es muy claro si la normativa es solo para residentes de Santa Rosa ya que hemos observado en estos días, controles en el lugar de recaudación preferido del municipio que es la Av. Perón a escasos metros del límite con la Ciudad de Toay, a sabiendas de la comunicación permanente de los ciudadanos de dicha comunidad con la Capital provincial quienes quedan de rehenes de esta norma, tampoco para aquellos incautos que circulen de paso de otras poblaciones o provincias. Ante el silencio cómplice y la falta de una comunicación seria oficial, solicitamos al gobierno provincial se expida sobre este tema, explique a la ciudadanía si se puede adherir a medias a una ley provincial, la legalidad o no de esta ordenanza, el impacto de injusticia social que implica su aplicación y por último cómo debe actuar quien se encuentre en un operativo con esta desagradable imposición recaudatoria”.