El diputado provincial quiere evitar la contratación de obras públicas, el pase a planta permanente de personal o licitaciones, de final de mandato de presidentes y le pone límite a la función al quitarle poder de decisión durante casi seis meses de gestión a un gobierno elegido por cuatro años pero que solo podrá tomar decisiones relevantes por poco más de tres años y medio.
Martín Maquieyra presentó un proyecto que denominó 2de transparencia y traspaso ordenado de mando”, donde obliga a las gestiones presidenciales a dejar una memoria y balance de situación del país y prohibir la toma de determinadas decisiones desde un mes antes de la realización de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, fijadas por la constitución en la segunda semana de agosto.
Para hacerlo, propone la creación de una Mesa de Transición que tendrá la función se hacer cumplir las prohibiciones y la elaboración de la memoria pública por parte del Ejecuto, que serán responsables de lo emitido y firmado.
La medida, que busca las decisiones de último momento de un gobierno que perdió las elecciones, limita el mandato presidencial de cuatro años a poco más de tres años y medio, lo que puede ser considerado inconstitucional. Además, puede generar la parálisis de servicios o explotaciones económicas, que, otorgadas con anterioridad, tengan vencimiento en el plazo prohibido.
En el punto más importante, prohíbe.
1- La contratación de nuevo personal que de algún modo comprometa presupuestos futuros, excepto en casos debidamente fundamentados, que deberán ser informados a la mesa de transición. Estas contrataciones podrán ser revisadas por el nuevo gobierno en un plazo de tres meses desde su asunción. Si la contratación no fue debidamente informada, el plazo de revisión será de un año desde la fecha de contratación.
2- La designación en cargo de planta permanente, excepto en casos debidamente fundamentados, que deberán ser informados a la mesa de transición. Estas contrataciones podrán ser revisadas por el nuevo gobierno en un plazo de tres meses desde su asunción. Si l contratación no fue debidamente informada, el plazo de revisión será de un año desde la fecha de contratación.
3- La cesión gratuita de bienes o derechos por parte del Estado Nacional.
4- La implementación de políticas económicas que puedan comprometer el erario público o la política económica del nuevo gobierno.
5- La firma de convenios y tratados internacionales o la asunción de compromisos internacionales que puedan afectar la política exterior del país o cualquier declaración que fije la posición nacional en cuestiones internacionales. Cualquier declaración en este sentido debe ser realizada a través del Congreso Nacional y sus comisiones correspondientes.
6- Ninguna autoridad del gobierno saliente podrá comprometer el crédito público a través de préstamos con organismos financieros nacionales e internacionales, excepto cuando el proceso esté completamente concluido o sea expresamente autorizado por el Congreso de la Nación.
7- El envío al Congreso Nacional de proyectos que afecten el presupuesto nacional, modifiquen la política monetaria, laboral, social, impositiva o cualquier otra índole que afecte las políticas públicas del nuevo gobierno.
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