El fiscal general, Máximo Paulucci y el fiscal Andrés Torino dieron detalles de la causa judicial iniciada luego de la muerte de Claudio Olgado y Ezequiel Uriarte, operarios de Vial A. Los imputados son el capataz de la obra y el responsable de Seguridad e Higiene. No descartan que puedan haber más imputaciones.
Los fiscales Máximo Paulucci y Andrés Torino brindaron este viernes 20 de diciembre una conferencia de prensa para dar precisiones sobre el avance en la causa de los dos empleados fallecidos, Claudio Olgado y Ezequiel Uriarte, en una obra cloacal y confirmaron que ya son dos los imputados: el capataz de la obra en Vial A y el responsable de Seguridad e Higiene.
Los funcionarios señalaron que la causa está en una etapa de investigación. En este sentido, el fiscal Andrés Torino dijo que “se citó a proceso al responsable del área de Higiene y Seguridad en la obra que se estaba llevando adelante. De las evidencias que hemos valorado hasta aquí, hemos podido identificar a dos personas que tendrían responsabilidad, en lo que hace a la teoría del caso”.
“Una tiene que ver con el mando directo. Es el capataz que fue llamado a proceso, en función de haber dado una orden y, en segundo lugar, la incorporación que se está produciendo ahora, con la persona que habría omitido llevar adelante ciertos controles que hacían al ingreso a un espacio confinado, como denomina la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, a este lugar en donde ingresaron los empleados y donde había gases que les produzco la muerte a estas personas”, agregó Torino.
En referencia a la calificación, señaló que no está formalizada, pero se trabaja en la base de un homicidio culposo. “Se agrava en la dualidad del resultado”, agregó. “Hasta ahora, no sabemos si habrá más imputaciones. Estamos produciendo pruebas y por lo que hemos valorado hasta aquí, podría llegar a ser el panorama”, agregó Torino.
En referencia a la calificación, señaló que no está formalizada, pero se trabaja en la base de un homicidio culposo. “Se agrava en la dualidad del resultado”, agregó. “Hasta ahora, no sabemos si habrá más imputaciones. Estamos produciendo pruebas y por lo que hemos valorado hasta aquí, podría llegar a ser el panorama”, agregó Torino.
Consultado sobre si había la obligación de llevar elementos de seguridad, los fiscales señalaron que “estamos hablando de una obra donde se ejecuta un contrato, hay una licitación y un plan de seguridad para llevar adelante esta obra. En función de este plan de seguridad, procedería la imputación a las dos personas: uno por omisión y otro por acción”.
En referencia a la responsabilidad del estado, Torino dijo que “nosotros no definimos la responsabilidad que pueda tener la persona jurídica. Las personas son las que son sometidas a procesos penales”.
“En cuanto a la cadena de responsabilidades, los fiscales señalaron que “uno no podría decir con certeza que estas personas son las imputadas y que no van a haber más, porque no seríamos serios. Puede haber producción de prueba que pueda modificar esta cuestión. ¿Por qué hay dos personas y no diez? Porque hasta el momento, la teoría del caso imputa a estas dos personas y no se ha encontrado, aún a modo de sospecha, a otra persona responsable”, se explicó.
Consultados por la responsabilidad del dueño de la empresa, indicaron que hasta el momento no es responsable. “Hoy, esa persona no está sospechada, ni sometida a proceso, a partir de cómo evolucionó la investigación hasta el momento. Nosotros investigamos el hecho de su relevancia penal. Cuando hablamos de responsabilidad, puede haber otro tipo de responsabilidades, achacada en otros ámbitos y no es nuestra competencia”.
“Nosotros trabajamos en función de la orden que se dio. Estamos tratando de dilucidar, es de dónde provino esa orden, si existían elementos técnicos para dar esa orden. Cuestiones para enmarcar el orden de las responsabilidades”, agregaron.
En cuanto a los indicios que los llevaron a imputar al responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, los fiscales afirmaron que detectaron una “inobservancia en los controles que manda la legislación laboral a efectos de un espacio confinado. En función de esa inobservancia, que puede tener con diseñar la tarea del día, determinar cuáles van a ser los elementos de protección para ingresar a un espacio confinado, a partir de allí, un profesional es quien indica cómo se van a ingresar a ese espacio confinado”.
“Los espacios confinados se denominan como lugares con una ventilación desfavorable. Son lugares de riesgo, con gases totalmente variables. Y es en función de ello, que entendemos que no hubo un control previo al ingreso y, a partir de ahí, cargamos sobre la responsabilidad, hasta aquí, de estas personas”, indicaron.
Consultados por la responsabilidad del gremio, que manifestó que los elementos de seguridad estaban, pero que no fueron utilizados, los fiscales precisaron que “nosotros observamos el proceso penal. Lo cierto es que respecto de las capacitaciones hay ciertas acreditaciones de que se daban y también cierto desconocimiento de que no se daban. Estamos investigando cómo fue realmente la cuestión de las capacitaciones”.
“Estamos analizando distinta documentación. Hoy sería apresurado adelantar sobre otros elementos de prueba. Es una causa compleja. Y en lo que hace a los plazos, estamos bien con la producción. Con lo que hemos producido hasta aquí, podemos encarrilar la responsabilidad en estos dos esquemas, que son los que hasta aquí se han formulado”, indicaron.
“Nosotros estamos en contacto con las familias, a través de los profesionales que nos representan. Es un contacto asiduo y compartimos información, porque ellos también reciben información que nos puede interesar y nos lo hacen llegar”, finalizaron.
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